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Países Bajos presenta una ley de asilo con penas de prisión
Países Bajos ha presentado una ley de asilo que permitiría castigar con hasta seis meses de prisión a los solicitantes rechazados que obstaculicen deliberadamente su expulsión o retorno. El ministro de Asilo, Bart van den Brink, presentó el proyecto el miércoles 7 de octubre de 2026 y lo puso a consulta pública.
La propuesta se dirige a las personas cuya solicitud de asilo ya ha sido rechazada y a otros extranjeros que no tienen derecho de estancia en el país. La pena no se aplicaría automáticamente, sino únicamente como último recurso, después de que las autoridades hayan agotado sin éxito otras vías administrativas y persuasivas para conseguir una salida voluntaria o acordada.
Qué conductas castigaría
El texto contempla una pena máxima de seis meses de cárcel para quienes bloqueen o frustren activamente su retorno. Entre las conductas mencionadas figuran:
- Negarse a cooperar con las gestiones necesarias para salir del país
- Negarse a identificarse
- Proporcionar deliberadamente datos falsos sobre la identidad
Van den Brink defendió la medida con estas palabras, traducidas del neerlandés:
"Debemos poder castigar a las personas que no tienen derecho a permanecer y persisten en obstaculizar su expulsión". El ministro añadió que "la política de asilo no puede funcionar sin una política de retorno creíble en la que ya no se tolere la obstrucción del retorno".
El Gobierno presenta la vía penal como el cierre del sistema de retorno, no como la primera respuesta ante una persona que debe abandonar el territorio. Por tanto, la propuesta diferencia entre la falta de derecho de estancia y la obstrucción deliberada del procedimiento de expulsión.
La propuesta llega con los centros de acogida saturados
El mismo miércoles, la Agencia Central para la Recepción de Solicitantes de Asilo (COA) volvió a alertar de una sobreocupación crítica en la red de acogida. El organismo señaló un déficit agudo de cientos de plazas y un aumento rápido de las personas que deben esperar en el exterior del centro nacional de registro de Ter Apel, en la provincia de Groningen.
La falta de espacio también está provocando graves dificultades para alojar a mujeres y niños.
El COA indicó que la saturación no responde a un repunte repentino de las llegadas. Según el organismo, los principales cuellos de botella son la lentitud del Servicio de Inmigración y Naturalización (IND) para tramitar los expedientes y la escasez estructural de vivienda.
Esta última impide que los refugiados que ya han recibido un permiso de residencia, conocidos en neerlandés como statushouders o vergunninghouders, abandonen los centros de acogida para trasladarse a los municipios que deben alojarlos. Mientras esas personas siguen ocupando plazas, disminuye el espacio disponible para quienes todavía esperan una decisión sobre su solicitud.
