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Nueva ley neerlandesa quiere acabar con los falsos autónomos
La ley de autónomos abre en los Países Bajos una nueva etapa para determinar cuándo un profesional trabaja realmente por cuenta propia y cuándo existe una relación laboral encubierta. El ministro de Trabajo y Participación, Thierry Aartsen, presentó el proyecto este 1 de octubre de 2026 en La Haya y abrió su consulta pública por internet.
El proyecto de Zelfstandigenwet establece criterios objetivos y dos evaluaciones oficiales para clasificar la relación entre un profesional y su cliente. El Gobierno neerlandés pretende reducir la inseguridad jurídica que, durante más de veinte años, ha provocado disputas y ha llevado a empresas y contratistas a limitar la contratación de autónomos por miedo a sanciones y liquidaciones fiscales retroactivas.
Un "puerto seguro" para quienes cumplan los requisitos
Los profesionales que cumplan todos los criterios objetivos entrarían en un régimen legal denominado "puerto seguro" (veilige haven). Esto les garantizaría de antemano que no se enfrentarán a sanciones ni a liquidaciones del impuesto sobre el salario por una falsa relación laboral.
La norma no convertiría automáticamente en asalariado a quien no supere las pruebas. En esos casos, el profesional quedaría fuera del puerto seguro y su situación tendría que analizarse individualmente, atendiendo a la jurisprudencia y a los hechos concretos de la relación previstos en el artículo 7:610 del Código Civil neerlandés.
Dos evaluaciones para cada relación profesional
El artículo 7:610 del Código Civil incorporaría dos pruebas vinculantes:
- Evaluación del autónomo (Zelfstandigentoets). El profesional tendría que:
- estar inscrito en la Cámara de Comercio (KVK)
- disponer de un número de identificación fiscal para el IVA, el btw-nummer
- utilizar una cuenta bancaria empresarial propia
- emitir sus propias facturas
- haber trabajado para al menos tres clientes distintos durante un periodo de dos años, que incluiría el año en curso y el año natural anterior
- demostrar que busca clientes de forma activa
Cuando el trabajo se realice mediante una agencia de intermediación, esta se contabilizaría inicialmente como un solo cliente. Además, el autónomo tendría que destinar un importe mínimo a cubrir sus propios riesgos, por ejemplo mediante un seguro de incapacidad laboral, conocido como BAZ, un plan de pensiones o un seguro de responsabilidad civil profesional.
- Evaluación de la relación laboral (Werkrelatietoets).
El profesional debe poder decidir libremente dónde, cuándo y cómo realiza el encargo. La excepción se aplicaría cuando la naturaleza física o temporal del trabajo haga imposible esa libertad, como puede ocurrir en una obra de construcción o en una reparación urgente fuera del horario habitual.
También debe trabajar por cuenta y riesgo propios. Si el contratante conserva en todo momento la responsabilidad final y ejerce un control jerárquico directo sobre la ejecución, la relación no se consideraría trabajo autónomo.
El proyecto puede tener consecuencias especialmente importantes en sectores como la atención sanitaria y la enfermería, donde esa cuestión es frecuente.
La situación fiscal seguirá analizándose por separado
La ley no cambiaría directamente la definición fiscal de empresario (ondernemersbegrip) en el impuesto sobre la renta ni en el IVA. Por tanto, la calificación laboral y la fiscal continuarían evaluándose en sus respectivos ámbitos. Belastingdienst, aplica controles específicos sobre las relaciones que pueden constituir falsa autonomía. La Agencia Tributaria ofrece información sobre la falsa autonomía.
El ministro Aartsen defendió que los criterios no son irrazonables y afirmó que quienes los cumplan tendrán la certeza de no tener que temer liquidaciones fiscales complementarias. También señaló que los trabajadores por cuenta propia son importantes para la economía neerlandesa, que hay más de un millón de autónomos en el país y que la nueva ley debe aportar claridad tanto a los profesionales como a sus contratantes.
Consulta pública y entrada en vigor prevista
La consulta pública está abierta hasta el 29 de octubre de 2026. Después deberán realizarse la evaluaciones y el debate parlamentario en la Segunda y la Primera Cámara está previsto para 2027.
La entrada en vigor se ha previsto para el 1 de enero de 2028. El borrador contempla que las reglas se apliquen directamente tanto a los contratos existentes como a los nuevos, sin un periodo transitorio especial.
El proyecto llega después de que Belastingdienst reactivara el 1 de enero de 2025 la fiscalización estricta y el régimen de sanciones y liquidaciones por falsa autonomía.
