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El Consejo de Estado desaconseja derogar la Ley de Dispersión de asilo
El Consejo de Estado (Raad van State), el máximo órgano asesor del gobierno y el parlamento neerlandés, ha publicado un dictamen con "graves objeciones" contra el proyecto de ley que busca derogar la llamada Ley de Dispersión de solicitantes de asilo (Spreidingswet).
El dictamen recomienda a los diputados que no tramiten la propuesta.
Qué es la Spreidingswet y por qué se quiere derogar
La Spreidingswet está en vigor desde febrero de 2024. Obliga a todos los municipios neerlandeses a acoger una cuota proporcional de solicitantes de asilo y otorga al gobierno la facultad de intervenir y forzar plazas como último recurso.
Su objetivo: aliviar la presión sobre el saturado centro de recepción de Ter Apel y reducir la dependencia de los albergues de emergencia.
El proyecto de derogación está liderado por el partido de ultraderecha JA21 y cuenta con el respaldo de FVD (Foro para la Democracia), BBB (Movimiento Campesino-Ciudadano), el grupo parlamentario escindido del diputado Gidi Markuszower y la diputada independiente Mona Keijzer. El portavoz de la iniciativa, Simon Ceulemans (JA21), argumenta que la ley desvía la atención política hacia la gestión de la acogida en lugar de reducir el número de llegadas, y que priva a los ayuntamientos de libertad para reaccionar ante la oposición local, que en los últimos meses ha generado protestas y disturbios en localidades donde se planificaban nuevos centros.
Las objeciones del Consejo de Estado
El Consejo de Estado, cuyo dictamen no es vinculante, argumenta que derogar la ley no reducirá el número de personas que llegan al país, sino que mermará la capacidad de acogida y agravará la crisis. El órgano asesor subraya que imponer tareas a los municipios en materia de interés nacional es "completamente habitual" en el sistema constitucional neerlandés y que la autonomía local no es ilimitada.
El Consejo también destaca que la ley es demasiado reciente para ser evaluada con rigor: solo ha completado uno de sus ciclos de distribución bienal. Los intentos repetidos de desmantelarla, advierte, no dejan margen a los ayuntamientos para que la ley pueda funcionar.
Tanto la Asociación de Municipios Neerlandeses (VNG) como el organismo de acogida de solicitantes de asilo (COA) se han pronunciado en contra de la derogación. La VNG ha advertido que suprimirla crearía una situación inmanejable, con una dependencia constante de refugios de emergencia y un incremento de la tensión social.
La respuesta política
Ceulemans ha anunciado que seguirá adelante con la propuesta.
"El Consejo de Estado simplemente discrepa con nosotros en el fondo desde una postura política", declaró a la agencia de noticias ANP.
El proyecto de derogación carece actualmente de mayoría en la Cámara Baja (Tweede Kamer). Los partidos de la coalición VVD, D66 y CDA mantienen su respaldo a la ley vigente. El anterior gabinete también quiso eliminar la Spreidingswet, pero cayó antes de poder actuar.
El actual Ministro de Asilo, Bart van den Brink (CDA), continúa aplicando la norma: la semana pasada colocó a 10 municipios bajo supervisión especial por no haber cumplido con sus cuotas de acogida.
Las tensiones políticas de fondo
El debate sobre la Spreidingswet refleja una fractura más profunda en la política neerlandesa respecto a la migración. Los partidos impulsores de la derogación sostienen que el problema real es el volumen de llegadas y que cualquier medida de distribución interna es una forma de normalizar una situación que consideran inaceptable.
Frente a ellos, el gobierno en funciones y los partidos de coalición defienden que la acogida y el control de flujos son cuestiones separadas, y que desmantelar los mecanismos de reparto solo agrava el colapso del sistema.
Este conflicto no es nuevo. La ley se aprobó precisamente para acabar con la aglomeración de personas en Ter Apel, un problema que arrastraba años sin solución. Sin embargo, las protestas en localidades como Loosdrecht, Aalsmeer y Apeldoorn contra la apertura de nuevos centros de acogida han dado argumentos a quienes piden derogar la ley, y han convertido el debate sobre dónde alojar a los solicitantes de asilo en uno de los temas centrales de la política neerlandesa.
