El gobierno de Países Bajos reducirá su plantilla un 16 %

Unos 25.000 puestos de empleo público a tiempo completo serán recortados en Países Bajos para 2035, según el plan que el Gobierno neerlandés presentó el lunes 26 de octubre. El Gobierno calcula que la medida permitirá ahorrar de forma progresiva hasta 3.500 millones de euros al año gracias a la digitalización, la inteligencia artificial y la simplificación de trámites.

El plan fue presentado en La Haya por Eric van der Burg, del partido VVD y secretario de Estado de Relaciones del Reino y Gobierno Eficaz, en una carta parlamentaria y declaraciones a medios. La reducción afectará a la administración pública central, conocida como Rijksoverheid, que incluye los ministerios y los organismos ejecutores directos del Estado.

Un recorte gradual hasta 2035

La administración central contaba con 160.016 funcionarios a finales de 2025. La eliminación de unos 25.000 puestos equivaldría aproximadamente al 16 % de esa plantilla. El gabinete prevé ahorrar 900 millones de euros en 2027 y aumentar progresivamente esa cantidad hasta alcanzar los 3.500 millones anuales a partir de 2035.

El número de empleados de la administración central había aumentado alrededor de un 41 % desde 2018 hasta finales de 2025, con más de 46.000 puestos adicionales. El reparto del ajuste no será uniforme: algunos departamentos podrían reducir su plantilla en un 20 %, mientras que en otros la disminución podría situarse entre el 45 % y el 60 %. El reparto presupuestario exacto por ministerios todavía no está confirmado y se remitirá en la nota presupuestaria de primavera de 2027.

La Policía, Defensa, el Ministerio Fiscal, las prisiones y los servicios de seguridad quedan excluidos formalmente de los recortes de personal. Sin embargo, esa exención no se aplica de entrada a varios organismos que gestionan trámites esenciales para residentes y ciudadanos.

Impuestos, subsidios y extranjería quedan dentro del ajuste

La Agencia Tributaria neerlandesa (Belastingdienst), el Instituto de Empleo y Subsidios y el Servicio de Inmigración y Naturalización no están exentos del plan. Por tanto, la reducción podría afectar a la capacidad de estos organismos para tramitar impuestos, prestaciones sociales, permisos y expedientes de extranjería, aunque el Gobierno no ha detallado todavía cuántos puestos desaparecerán en cada uno.

El Gobierno no optará por una congelación total de las contrataciones. Van der Burg ha planteado evaluar individualmente cada baja o jubilación para decidir si el puesto debe cubrirse, con el objetivo de evitar problemas operativos cuando abandone la administración personal considerado esencial. También se prevé reducir la contratación de consultores y contratistas externos independientes con costes elevados.

Más servicios digitales y uso de inteligencia artificial

El plan apuesta por sustituir parte de la atención telefónica y presencial durante el horario de oficina por portales digitales y asistentes virtuales disponibles las 24 horas. Para los trámites de impuestos, subsidios y extranjería, el cambio podría trasladar una parte de la relación con la administración a canales digitales, aunque el dossier no especifica cómo se garantizará la atención a las personas que no puedan utilizarlos.

El Gobierno concretará durante el primer trimestre de 2027 los objetivos de ahorro y productividad vinculados a la inteligencia artificial. También pretende conectar las bases de datos de ayuntamientos, la Agencia Tributaria y la Cámara de Comercio para que los ciudadanos no tengan que aportar varias veces la misma información.

La apuesta tecnológica forma parte de un plan más amplio para reducir tareas administrativas. La administración pretende eliminar o simplificar al menos 500 normas cada año mediante una Ley de Simplificación recurrente.

Menos oficinas y organismos asesores

El Gobierno considera que la ocupación media de las oficinas rara vez supera el 70 % debido al teletrabajo. Por ello, quiere reducir los inmuebles públicos hasta disponer de un puesto de trabajo por cada dos empleados. Los edificios que queden disponibles podrían destinarse a viviendas, comercios u hoteles.

El plan también contempla reducir de forma drástica los órganos y comisiones asesoras, actualmente cifrados en 176, y las evaluaciones legislativas anuales, que rondan las 400. Además, plantea limitar el alcance de las solicitudes de información pública para reducir el tiempo que los funcionarios dedican a tramitar peticiones consideradas excesivamente amplias.

La reforma afectaría a la Ley de Gobierno Abierto, conocida como Woo, que regula el acceso de ciudadanos y periodistas a documentos oficiales internos. El anuncio ha vinculado esta medida a la intención de hacer más eficaz la administración, mientras que la cobertura de BNNVARA sobre el plan señala que también puede reducir el alcance de las solicitudes de transparencia.